En un país donde más del 75% de las personas con discapacidad están desempleadas, el veto presidencial a una ley reparadora abre un debate profundo: ¿hasta dónde puede llegar una política que pone el costo por encima de las vidas?
La Ley de Emergencia en Discapacidad surge como una respuesta inmediata a un escenario alarmante: más del 75% de las personas con discapacidad en Argentina están desempleadas, los aranceles del sistema de atención llevan años desactualizados, las instituciones están al borde del colapso y cada vez más profesionales abandonan el sector.
Apenas asumió, el gobierno de Javier Milei se embarcó en un ajuste inédito —disfrazado de equilibrio fiscal— que golpeó de lleno a las prestaciones y pensiones por discapacidad. Ayer, en las calles de todo el país, la participación ciudadana tomó la forma de cuerpos cansados pero firmes, reclamando contra una política de la crueldad que el veto presidencial no hace más que profundizar.
Uno de los primeros golpes de La Libertad Avanza fue derogar el decreto que permitía compatibilizar pensión por discapacidad y empleo formal. Este cambio reinstaló una vieja barrera: elegir entre la seguridad de una pensión o la incertidumbre de un trabajo precario y mal pago, con el riesgo permanente de perder un derecho casi imposible de recuperar.
La compatibilidad, en cambio, daba la tranquilidad necesaria para proyectar un desarrollo laboral sin temor a quedar desprotegido.
Luego llegó la “auditoría”, un eufemismo que escondió un plan de recorte y una campaña de desprestigio contra quienes reciben pensiones. Los criterios de acceso se endurecieron, volviendo a parámetros declarados inconstitucionales años atrás, y las organizaciones denunciaron procedimientos arbitrarios, inaccesibles y sin garantías básicas de información y defensa.
La Ley de Emergencia intentaba frenar estos retrocesos. Planteaba un cambio de paradigma: pasar de “pensiones por invalidez laboral” a “pensiones por discapacidad para la protección social”, asegurando el derecho a quienes tuvieran Certificado Único de Discapacidad y estuvieran en situación de vulnerabilidad.
Además, restituía la compatibilidad con el empleo formal, aunque los montos seguían siendo bajos: apenas el 70% de una jubilación mínima.
También buscaba sostener un sistema de atención al borde del colapso: aumentos extraordinarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, actualización automática de aranceles y alivio tributario para prestadores. Ejemplos sobran: en talleres protegidos, donde muchas personas con discapacidad acceden a un empleo, un operario recibe hoy solo $28.000 mensuales. La actualización que proponía la Ley costaría apenas el 0,0008% del PBI.
Cuando un gobierno defiende el recorte en nombre del equilibrio fiscal, pero esos números se sostienen a costa de vidas precarizadas, hablamos de crueldad. Este ajuste no es neutro: cae siempre sobre los mismos cuerpos, los que históricamente han debido demostrar que merecen derechos básicos.
Lo que se presenta como ahorro, en realidad, es una política de exclusión planificada, una decisión consciente de abandonar a quienes más necesitan del Estado.
Max Horkheimer advertía en Crítica de la razón instrumental que cuando todo se mide por su utilidad o su costo, dejamos de pensar en el valor intrínseco de las personas. Si lo económico es la única vara, ¿qué vidas merecen cuidados y cuáles son descartables?
Las personas con discapacidad venimos a recordarle a la sociedad que los seres humanos somos interdependientes: necesitamos unos de otros. No solo quienes tenemos discapacidad; todas y todos dependemos del cuidado, del apoyo y de la red colectiva que sostiene la vida.
El veto a la Ley de Emergencia refleja lo peor de un gobierno que eligió la política del abandono como modelo de gestión: números por encima de vidas, indiferencia en lugar de derechos.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué nos pasa como sociedad cuando aceptamos que la dignidad sea la variable de ajuste?
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