Ferrandi no es una recién llegada. Con una trayectoria marcada por una fuerte agenda de seguridad y la presentación de proyectos técnicos, la concejal reivindica su experiencia: "

Soy una dirigente que ha presentado no solo un montón de ordenanzas, sino que desde hace años vengo dando la discusión con la selección de comisarios y la forma en la que se aborda la problemática del crecimiento de la droga en Monte"

. Para ella, el debate actual está plagado de actores que "no se los ha escuchado jamás mencionar una palabra respecto a la problemática", marcando una distancia ética y técnica respecto a muchos que hoy aportan al debate publico.

A pesar de ello, esa misma autoridad técnica es la que le genera hoy un cortocircuito con el gobierno del intendente. Ferrandi confiesa una realidad que va al centro de su convivencia con el ejecutivo,a pesar de las conversaciones individuales con el Secretario de Gobierno, el ejecutivo 

"nunca tuvo en cuenta ninguna de nuestras sugerencias".

La frustración de la concejal esta en que las soluciones parecen estar sobre la mesa, pero sin voluntad de ejecución. Ferrandi trabaja actualmente en una ordenanza de inteligencia artificial aplicada a seguridad, presentó un plan de mesas de seguridad e impulsó la reactivación del foro, pero siente que el área se maneja como un círculo cerrado. 

"Por más que lo sentemos a pedirle explicaciones, si no hay una decisión de cambiar el rumbo en cuanto a seguridad, vamos a seguir iguales"

Donde Ferrandi coincide con el bloque impulsor de la interpelación es en el diagnóstico de fondo. 

"Considero definitivamente que los vecinos lo que quieren es que solucionen el problema de la inseguridad, que el intendente haga una conferencia de prensa, lance un plan nuevo, tome una decisión y empiece a dar señales"

, explica. Para la concejal, el tiempo de las explicaciones burocráticas sobre la cantidad de patrulleros o el reparto de culpas con la Provincia ya se agotó:

 "A mí que venga y me diga 'hace seis años hubo una tragedia y ya está'... ya pasó. Ahora, ¿cómo lo vas a solucionar ahora?".

Incluso cuestiona la eficacia de interpelar específicamente al funcionario Papania cuando el diseño de las políticas de prevención corre por otra cuenta: "

Hay preguntas que ni siquiera son para Papania, porque no las podría responder"

. Una observación que, lejos de debilitar el pedido, refuerza la idea de que la responsabilidad política de la situación es eminentemente municipal

Para la referente del PRO, el proyecto presentado por el peronismo corre el riesgo de ser visto como un mero 

"abusar de estas herramientas solo por tirar fuegos artificiales"

para quien le toque gobernar en el futuro. La concejal dejó entrever además que la legitimidad del pedido dependería de la unidad de criterios, 

"Si se junta y es apoyado por todos los bloques de la oposición, sí habría legitimidad".

Para la referente del PRO, el debate no pasa por cuestionar la herramienta en sí.

 "Entiendo que es una herramienta que tenemos"

, reconoció Ferrandi cuando fue consultada. Su objeción es procedimental, considera que antes de la interpelación debería haberse intentado una citación al funcionario, y que recién ante la negativa de éste a presentarse correspondería escalar. Pero hay algo más detrás de esa crítica técnica y es que el bloque impulsor tomó la decisión solo, sin convocarla. 

"Me hubiera parecido correcto que nos hubieran convocado a charlar sobre esto"

Lo que queda abierto es la pregunta que la propia trayectoria de la concejal manifiesta, si el ejecutivo no escuchó sus sugerencias, ignoró sus proyectos, hay un manejodel área cerrado 

¿qué razones quedan para seguir apostando a los mismos canales que ya demostraron no funcionar?

La inseguridad en Monte ha dejado de ser un tema de agenda para convertirse en una urgencia que no admite más dilaciones. En ese contexto, el pedido de interpelación al Secretario de Seguridad, impulsado por el bloque Fuerza Patria, ha puesto el foco sobre las figuras de la oposición aliada al ejecutivo local. Una de ellas es la concejal Sandra Ferrandi, quien se encuentra hoy en una posición de árbitro institucional, aunque su mirada sobre la gestión actual dista mucho de ser complaciente.

Inseguridad: "El intendente tiene que lanzar un plan nuevo y dar señales"

A un mes del grave accidente ocurrido el pasado domingo 14 de diciembre, la prioridad absoluta sigue siendo la recuperación del joven de 22 años.

 Según detalló su madre, Micaela, recientemente fue sometido a una cirugía compleja: "Le unieron el hueso y le colocaron una plaqueta, además de un clavo en la muñeca para sostenerle la mano".

A pesar de la intervención, el panorama médico continúa siendo delicado: "Todavía falta realizar la reconstrucción de los tendones de la mano porque no puede mover los dedos". Las imágenes compartidas por la familia —donde se lo observa con cuello ortopédico y vendajes severos— dan cuenta de la violencia de un impacto que, en palabras de su madre, "casi lo mata". El próximo paso fundamental será el traslado a una clínica especialista en manos en la ciudad de La Plata para intentar salvar la movilidad de su extremidad.

Denuncias de encubrimiento e inacción policial

Lo que comenzó como un pedido de justicia se ha transformado en una denuncia formal por el accionar de las fuerzas de seguridad. Micaela relató que, al intentar aportar datos clave, un testigo le manifestó que "el policía le tomaba el pelo y no parecía querer identificar al imputado; se negaba a escribir su nombre".

La indignación de la familia crece al observar que, pese a haber identificado el vehículo desde el primer día, no se realizaron allanamientos inmediatos. "Veo y siento que le han dado tiempo para que esconda el auto o lo arregle", expresó Micaela. Asimismo, manifestó su profundo descontento por las contradicciones recibidas en las distintas instancias vinculadas al área de seguridad que, según su relato, han cambiado las versiones sobre el paradero del rodado y el curso de la investigación.

Ante esta situación de parálisis, la familia ratificó que el caso ya fue elevado a la Auditoría General de Asuntos Internos en La Plata para que se investigue el desempeño de los efectivos intervinientes. "Siento mucha injusticia por parte de la policía y del municipio", concluyó la madre, quien asegura que no descansará hasta que el imputado rinda cuentas por haber dejado a su hijo "tirado en una cama" mientras el responsable continúa en libertad.

Micaela, la madre del joven de 22 años atropellado y abandonado el pasado 14 de diciembre, rompió el silencio ante la falta de resultados en la investigación. Mientras su hijo enfrenta una compleja recuperación, la familia denuncia irregularidades y falta de voluntad por parte de las autoridades locales.

A UN MES DEL ACCIDENTE EN LA COSTANERA: "SIENTO QUE HAY MUCHO ENCUBRIMIENTO"

En la causa se presentó una ciudadana contra la municipalidad de Concordia, para que se declare la inconstitucionalidad de toda norma o acto de hecho que en la administración de esa comuna se impida u obstaculice la renovación de la licencia de conducir, y que se disponga la autorización para poder concluir el trámite sin el requisito del certificado de Libre Deuda. Tenía deudas por infracciones y otros conceptos tributarios de órbita municipal.

En un primer término del fallo, se declaró inconstitucional el requisito del artículo 1 de la ordenanza 34997 y dispuso que se reanude el trámite de renovación de la licencia de conducir de la actora.

 Uno de los supremos entendió que la aplicación de dicha ordenanza

 vulnera los derechos constitucionales invocados por la mujer, como el de transitar libremente, de trabajar y desarrollar actividad lícitas.

 Se destacó, asimismo, que resulta lesivo a los principios supremos de razonabilidad, legalidad e igualdad.

La Municipalidad de Concordia como era de esperarse interpuso recurso de apelación contra esta decisión, pero el Tribunal Superior estableció que no existe nulidad y rechazó el recurso de la parte demandada.

En su voto, el juez Salduna consideró que “la manda Municipal se 

excede erespecto de la Ley Nacional de Tránsito que pretende reglamentar

”, y estimó que se presenta “extorsiva, abusiva, meramente pecuniaria y con el solo fin recaudatorio”.

“Por consiguiente, redunda en beneficio de la pereza de la demandada en no hacerse de sus créditos por las vías que el ordenamiento jurídico pone a su alcance y que garantizan de forma rápida y expeditiva el cobro del crédito, observando el derecho de defensa del administrado.

El Tribunal consideró, además, que la ordenanza “altera, en los términos del art. 28 de la Constitución Nacional, “los principios, garantías y derechos” reconocidos por la Magna. Y advirtió: “No se presenta proporcional al fin que debe perseguir; ni, guarda relación de causalidad con ese mismo objetivo. Precisamente, allí es donde el poder de policía de la accionada se desentiende entre el medio y el fin”.

Si bien este auto se desarrollo en otra jurisdicción, como se sabe en el ambito jurídico, no deja de ser un presedente importante para tener presente en un eventual caso análogo en nuestras tierras.

Ocurrió en la provincia de Entre Ríos, el Tribunal superior de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de la exigencia de libre deuda de tasas o multas para renovar el carnet de conducir. Para el Tribunal, la disposición es "extorsiva, abusiva, meramente pecuniaria y con el solo fin recaudatorio.

No mas libre deuda para la renovación del registro de conducir 

Claramente el punitivismo (aumento de penas legales como única solución a los problemas sociales) voraz ha ganado la batalla, el sistema carcelario Argentino en el ideario general tiene como fin 

, lejos está este de lo escrito por el pacto de San José de Costa Rica donde claramente expresa que: “

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano

” Art. 5 párrafo 2º” o bien el art. 7º párrafo. 5º que afirma que: 

“Toda persona detenida... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”

. Agreguemos otro ítem de fracaso de nuestro sistema. Volvamos.

Como se dijo, el 2021 nos dio un nuevo récord de personas que han perdido su libertad ambulatoria, se podría decir que es un éxito, menos gente mal viviente entre nosotros, pero el objetivo de esta entrada es la reflexión, dejo la intriga flotando, ¿realmente nos sirve esta estrategia contra los hechos delictuosos?, ¿Bajo el nivel de delito? En una primera instancia podemos decir fuertemente que las respuestas son un 

,  por supuesto aquí asoma un problema estructural del sistema judicial, 

. El sistema judicial esta atestado de causas, esto no condice con el total de personal que tiene la misma estructura judicial para poder cumplir con lo que rezan nuestras normas.

Veamos algunos datos del Sistema Penitenciario Bonaerense para entender lo dicho. Hay 

 (procesados sin condena). La superpoblación es del 227%, esto en la práctica es gente que pasa meses encerrada en cuartos de 4 x 4.

 Está bien podríamos decir, se lo merecen por algo están ahí… pero seamos un poco más objetivos, corramos el velo y reflexionemos montándonos en el principio de inocencia impuesto por nuestra 

Constitución Nacional en su artículo 18.

 ¿Qué pasa si esa esa persona está mal detenida… ¿qué hacemos con sus meses de vida vividos en ese calvario? Sigamos. 

, más de la mitad no tiene condena, algo habitual como vemos a esta altura de tener 

. Otro dato relevante, el cupo de todo el sistema carcelario bonaerense es de 

, es decir que el sistema necesita duplicar la cantidad de cárceles como mínimo para que las personas tengan las comodidades mínimas para cumplir con su condena. 

En fin, es un tema que es fuertemente utilizado por la política, siempre es más fácil disparar una frase 

 buscamos un debate franco de cara a un tema altamente sesgado por dolores, manipulación adrede de políticosy medios de comunicación. 

Dejamos una máxima que siempre tenemos como norte: 

“dentro de la constitución todo, por fuera nada”.

Entre los años 2000-2020 la tasa general de encarcelamientos aumento un 90% en nuestra provincia. Durante el periodo pandémico se registró una reducción histórica, pero en el recorrido del 2021 recupero su verdadera media, incluso la supero.

Colapso carcelario

“Se dice que los jueces no son políticos, pero, ¡cómo no van a ser políticos!, son políticos les guste o no. A lo sumo, les va a pasar lo que al cangrejo, que es crustáceo, pero no lo sabe”.

 Expresaba contundentemente Petracchi en una entrevista para la revista Lecciones y Ensayos de la UBA.

Nacido en 1935, Enrique Santiago Petracchi se crió en el seno de una familia de abogados. Tanto su abuelo como su padre ejercieron la profesión. Este último, Enrique Carlos, ocupó el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y Procurador General entre 1973 y 1976.

En ese ámbito, Petracchi cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires e inmediatamente optó por seguir el legado familiar: se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires, con Diploma de Honor.

Su carrera judicial comenzó como auxiliar en un juzgado civil, para luego ocupar cargos en la Corte Suprema. Posteriormente, se desempeñó en la Justicia Federal y en la Procuración General hasta 1982. Año después, el entonces presidente Raúl Alfonsín lo designó como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De voz elocuente y elegancia imperante, Petracchi se enmarcó en la vanguardia del Máximo Tribunal. Mediante sus votos en disidencia, enarboló la bandera del liberalismo y la justicia social; una conjunción que sería cuestionada por muchos.

Existieron innumerables precedentes jurídicos sentados por el jurista. En 

 acuñó junto a Augusto Belluscio la tajante frase “al cabo, nadie es más alto que la Constitución” en un caso de discriminación hacia un profesor por su altura; en 

 manifestó la no criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ello por ser parte de la esfera individual de la persona, conforme el artículo 19 de la Carta Magna.

 expresó su amparo hacia la libertad individual, en reparo de los derechos de intimidad y privacidad, ante el emblemático caso donde Editorial Atlántida S.A había publicado una foto acerca de Ricardo Balbín internado.

 realizó una enfática defensa al derecho a la privacidad y a la libertad de conciencia para que un ciudadano formule el plan de su vida a su antojo, en virtud de la problemática en aquellos tiempos de la indisolubilidad del matrimonio civil. En consecuencia, planteaba que, si el matrimonio era indisoluble, el derecho a casarse se agotaba en su ejercicio.

Luego de la polémica ampliación de la Corte a nueve miembros, Petracchi se posicionó en numerosos fallos en la vereda de la disidencia; momentos donde la propia desavenencia era lo más cercano al sentido de justicia en la denominada “corte menemista”. Ejemplo de ello son sus posicionamientos en 

 -en defensa del principio de inocencia-, 

 –al recordar la proporcionalidad de las medidas de coerción penales-, 

 –al declarar la invalidez de un decreto de necesidad y urgencia que no tuvo aprobación del Congreso-, y tantos otros.

 que incluso hoy tienen vigencia en las cuestiones institucionales del momento. Allí expresó: “El nombramiento de un magistrado por el Poder Ejecutivo Nacional es para un cargo específico y no consiste en la atribución genérica del carácter de "Juez" sin adscripción concreta a un cargo”.

Enrique Petracchi fue un eximio magistrado, con un tecnicismo y una pluma irónica que invitaba a leer sus pronunciamientos. Muchos lo llamaban contradictorio por su ideología liberal y su supuesto afín al peronismo:

“A mí se me consideró siempre peronista no porque fuera del partido peronista, sino porque hay una única cosa del partido peronista que yo acepto, que es la justicia social”. Y añadió: “Una vez, un juez norteamericano me dijo: ‘Doctor, usted acá tiene fama de peronista y liberal y eso es una contradicción’. Entonces yo le dije: ‘Doctor, yo veo que usted es liberal y sin embargo tiene un crucifijo colgando, y eso también es una contradicción”

Otras de las particularidades del juez fue que presidió el Máximo Tribunal en dos ocasiones (1989-1990 y 2004-2007). Específicamente, se colgó la medalla de ser el único juez que sea cabeza de la Corte Suprema en dos siglos distintos.

Su personalidad también fue de manifiesto en la recordada 

, donde la Corte de aquel entonces se opuso fehacientemente al proyecto del Ejecutivo de aumentar el número de integrantes, ello en resguardo de la independencia y estabilidad del Poder Judicial en base a los pilares constitucionales de las instituciones.

Asimismo, su influencia en la presidencia del Máximo Tribunal se reflejaría en su segundo período, donde se producieron modificaciones en distintos aspectos como avances en la transparencia de las resoluciones, y también, la posibilidad de presentación deamicuscuriae en causas ante dicha instancia.

En tiempos donde el ejercicio político de la Corte Suprema es cuestionable, es útil recordar a un magistrado que no negó el carácter de poder político del Poder Judicial: "Sus decisiones, especialmente en la Corte Suprema, son políticas, lo que sucede es que no son solamente políticas, son además jurídicas, se tienen que adecuar a la Constitución. Claro que la Constitución es un marco de posibilidades, cuya elección dependerá de la ideología del juez."

Enrique Santiago Petracchi fallecería un 12 de octubre de 2014, a los 78 años, a causa de una afección al páncreas.

 Sin embargo, su legado jurídico, a través de su pluma y sus expresiones políticas, será recordado, e incluso invocado, cuando el derecho y el sentido de la justicia así lo requieran.

https://palabrasdelderecho.com.ar/index.html

El juez de la Corte Suprema, Enrrique Santiago Petracchi, era un habitué en nuestra ciudad, en el mundo Jurídico fue un emblema, mediante sus votos en disidencia, enarboló la bandera del liberalismo y la justicia social.

Un Juez supremo que amaba Monte

Que conforme surge del Poder Judicial General para Juicios, otorgado por el Sr. José Matildo Castro en su carácter de Intendente de la Municipalidad de Monte, acredito la representación que ejerzo de la Municipalidad de Monte, adjuntado copia del Poder Judicial General dando cumplimiento en legal tiempo y forma con lo normado por el art. 47 del C.P.C.C, el cual ya ha sido adjuntado por ésta parte en el escrito de primer presentación y al cual se remite. -

Que vengo en legal tiempo y forma a contestar demanda medida cautelar y su reconducción contra esta Municipalidad de Monte, solicitando desde ya su total rechazo con costas, como así también todas las medidas solicitadas y enumeradas, en el objeto de la demanda, incluida cautelares solicitadas que en sendos puntos se contestan solicitando su rechazo.

EN GENERAL NIEGO, todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda que no sean materia de un expreso reconocimiento en el presente, como asimismo niego la autenticidad, expedición y/o recepción de la documentación agregada a la demanda instaurada, como asimismo la autenticidad de las declaracines sumarias agregadas .

Que corresponda adoptar medidas para el cese del grave daño ambiental transgeneracional (tala de arboles con edades de 60 a 100 años) y remediación en los predios que comprenden el recreo A ubicado en la ribera Sur de la laguna de San Miguel del Monte y conocidos como San Cayetano y Guadalupe .

Que corresponda respecto al proceso de evaluación de impacto ambiental que debe tramitarse en el asunto traído en el sub-lite,una instancia de información ambiental y participación ciudadana.

Que correspondaal tratarse de un predio que linda a un espejo de agua permanente en el marco de un proyecto con incidencia de impacto en el mismo como en las aguas subterráneas, que se acredite el cumplimiento de los trámites ante la Autoridad del Agua.

Que corresponda condenar a la firma AGROPECUARIA GHEGOIL a una reforestación de 350 ejemplares de árboles nativos que se asignaran en principio a restablecer el predio dañado y el resto según se disponga por la autoridad municipal con preferencia en el ecosistema de la Laguna de San Miguel del Monte, y que cuyo cumplimiento efectivo deba ser supervisado por VS en el marco del presente proceso.

Que corresponda , a los efectos de no tornar ilusoria la demanday dada la entidad del riesgo de daño grave e irreversible que representa la tala de árboles con edades de 60 a 100 años se requiera el dictado de una MEDIDA CAUTELAR AMBIENTAL URGENTE DE NO INNOVAR con el objeto de que, hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión, se ordene a la demandada AGROPECUARIA GHEGOIL a que se abstenga de realizar tala y poda de árboles, y cualquier tipo de deforestación y arrasamiento especies arbóreas en el lugar concesionado como Recreo A, conforme Decreto Municipal 1199/2023.

Que sean válidas y auténticas a los efectos de la medida cautelar solicitada las 45 informaciones sumarias de los vecinos y vecinas de San Miguel del Monte, conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil y Comercial y artículo 77 inciso 1 Ley 12.008

Que dada la entidad del riesgo de daño grave e irreversible que representa la tala de árboles con edades de 60 a 100 años se requiera el dictado de una MEDIDA CAUTELAR AMBIENTAL URGENTE DE NO INNOVAR con el objeto de que, hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión, se ordene a la demandada AGROPECUARIA GHEGOIL a que se abstenga de realizar tala y poda de árboles, y cualquier tipo de deforestación y arrasamiento especies arbóreas en el lugar concesionado como Recreo A,conforme Decreto Municipal 1199/2023.

Que la pretensión haya sido fundadaen la omisión por parte del Municipio de San Miguel del Monte de aplicar el bloque normativo ambiental que subyace al caso a saber Constitución Nacional, articulo 41;Constitución de la Provincia de Buenos Aires, articulo 28; Código Civil y Comercial de la Nación Art. 1711 y concordantes, Acuerdo Regional Escazú – Ley Nacional 27.566 Artículos 3,4, 7 y 8, Ley General del Ambiente 25.675 Artículos 4, 10, 11, 12; Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global 27.520 Artículos 5 y 25; Ley provincial 12.008 (Ley 13.101), Inciso 2 del artículo 12; Ley Provincial 11.723, Artículos 10,11, 36 ; Ley Provincial 12.257; Ley Provincial 12.276 ; Ordenanza Municipal 3741/2010. Y que tal omisión estatal haya permitido el obrar dañoso de la codemandada AGROPECUARIA GHEGOIL S.R.L consistente en talar 64 ejemplares añosos de Eucaliptus que forman parte del Arbolado Publico de San Miguel del Monte y por lo tanto de su acervo natural, que no son de libre disponibilidad.

Que el proceder de las codemandadas afectenlos derechos de todos los vecinos y vecinas a un ambiente sano, a gozar de los beneficios de la biodiversidad y del acervo natural del hábitat en el que viven.

Que corresponda a la actora se lesotorgue como acto previo a la prosecución del proceso el Beneficio de Justicia Gratuita garantizado por el Acuerdo Escazú .

Que en la segunda y tercera semana de Agosto de 2024 los vecinos y vecinas de San Miguel del Monte, se encontraran con el desagradable suceso de la deforestación criminal de una veintena de ejemplares de Eucaliptos añosos (con una antigüedad de 60 a 100 años aproximadamente según refieren los testimonios de las informaciones sumarias que adjuntarony que forman parte del corredor biológico que integra el ecosistema de la laguna de San Miguel Monte.

Queel hecho dañoso acaeció dentro de un espacio verde recreativo boscoso que funciona como recreo a orilla de la laguna de San Miguel del Monte, de propiedad municipal, conocido históricamente como el “Recreo San Cayetano” que fuera concesionado por el Municipio de San Miguel del Monte junto al espacio verde público contiguo conocido como “Recreo Guadalupe” a la firma AGROPECUARIA GHEGOIL S.R.L para su explotación comercial.

Que enel marco de esa concesión la empresa adjudicataria realizara intervenciones edilicias de envergadura con la construcción de un local gastronómico (parador/proveeduría), baños públicos, estacionamiento que modificaran y alteraran la conformación paisajística histórica del lugar y su relación con el espacio libre o parquizado de las parcelas afectadas que no permiten preservar – en razón de la extracción del 30 % de los ejemplares arbóreos existentes en el lugar - la lectura completa del bien, que luce un alto valor natural y sociocultural, tal cual lo demostrara la reacción espontánea de la población de San Miguel del Monte.

Queun grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas, el miércoles 21 de Agosto de 2024 concurrieron indignados al municipio a solicitar explicaciones, requerir la exhibición de la Declaración de Impacto Ambiental y advertir que el proyecto sobre el Recreo A no fue sometido a una instancia de participación ciudadana.

Que en la Sub-secretaria de Ambiente municipal se les informó que dichas talas se dieron en el marco de la concesión a la empresa, a la que se le autorizó la extracción de 64 ejemplares de Eucaliptus (de 198 existentes en el lugar) para poder llevar adelante las inversiones de construcción.

Que si bien la autoridad ambiental municipal exhibió parte del Contrato de Concesión (no así el certificado de la Declaración de Impacto Ambiental) a los vecinos y vecinas que concurrieron a la municipalidad, no se les dio una copia, la que se prometió entregar los días subsiguientes. Queuna vecina logró sacar fotos de algunas fojas.- Que a su vez, por parte de la encargada ambiental del municipio se les haya dicho a los vecinos y vecinas que se quedaran tranquilos que no iba a haber más tala de árboles. Que , el jueves 22 y viernes 23 de Agosto de 2024, las actividades de tala continuaron y tampoco fue suministrada la información prometida por parte del Municipio, generando indignación y preocupación en los vecinos y vecinas que rápidamente convocaron a una movilización vecinal el sábado 24 de Agosto de 2024, en la que se decidió ante el proceder malicioso de las autoridades ambientales locales, de recurrir a la justicia.

Que las informaciones sumarias gestionadas con urgencia por este patrocinio y que se adjuntaran a la demanda den cuenta de ese estado de situación de preocupación, indignación y estupor de los vecinos y vecinas de San Miguel del Monte.

Que e en el fin de semana de modo urgente, los vecinos y vecinas pudieron armar el rompecabezas del caso logrando obtener mediante las fotos sacadas al momento de observar la documentación en el palacio municipal (que la autoridad ambiental municipal negó su entrega) la reconstrucción del Contrato en la parte relevante en el asunto que nos ocupa en el sub-lite.

Efectivamente, de la página 24 del expediente administrativo que refiere al capítulo Reforestación del (Pliego) Contrato de concesión del Recreo A, que se pudo obtener por la foto sacada por una vecina el día que concurrieron al Municipio pidiendo explicaciones, surge que: “El proyecto de obra implica la remoción de algunos árboles ejemplares vivos. Lo cual tiene un impacto ambiental, climático y en los ecosistemas de flora y fauna local, así como también de los vecinos.” Para mitigar el impacto se propone una metodología de cálculo simplificada, en la que se considera no solo la cantidad erradicadas sino también la edad de las mismas, puesto que es un factor exponencial de los beneficios que la vegetación genera.”

Después se establece un cálculo de compensación que toma como edad promedio de los arboles a extraer de 20 años. Y se lista un número de especies a plantar de las cuales no son nativas específicamente de la región (si de la Argentina, pero de otros biomas) algo que evidentemente la cartera ambiental municipal no tiene bien claro.Luego en el Capítulo Parquización y Reforestación General (foja 22) que “El Recreo cuenta con 198 ejemplares de Eucaliptus sp. en buen estado y se deberá proceder a la remoción de 64 especies (sic) arbóreas que se encuentran con la base del tronco ahuecado, además de la poda de ramas secas en algunos ejemplares, esto implica un gran impacto climático, ambiental y visual a su vez modifica el ecosistema de la flora y fauna autóctona del sitio a modificar.” Que se observe de ambas constancias del (Pliego) Contrato de Concesión aprobado, varias cuestiones importantes a resaltar.

Que se trate de una intervención en el espacio público verde de “gran impacto climático, ambiental y visual y quemodifique el ecosistema de la flora y fauna autóctona del sitio a modificar”. Que se trate de la deforestación del 32 % de ejemplares de Eucaliptus existentes.

Que la erradicación de los ejemplares no obedece a cuestiones de salud de los arboles ni de seguridad pública, ya que expresamente se indica que el proyecto de obra realizar en el predio implica la remoción de algunos árboles ejemplares vivos, es decir no por su estado, sino por una necesidad de espacio del proyecto.

Que la motivación de la erradicación de los arboles es porque molestan para Desarrollar el proyecto edilicio en el lugar, y que desde la cartera municipal para atender a las necesidades del proyecto del concesionario, desarrolla dogmática y burdamente – en plena contradicción a lo expuesto en oración inmediatamente precedente – que 64 especiesarbóreas que se encuentran con la base ahuecada.

Quelos 198 ejemplares se encuentran en perfecto estado (incluida la veintena de sacrificados). Que los más de 40 ejemplares que restarían ser talados fueron marcados con una cruz, y que una vecina tomó una foto de uno de esos ejemplares .- Quese observa la entereza de toda su osamenta, también reflejan esa falsedad los vigorosos troncos de leña de los arboles sacrificados que muestran el ciclo biológico pleno del ejemplar al momento de su sacrilegio. Que una pericia demostrara como esos troncos de leña no se compadecen con un árbol débil, enfermo y ahuecado.

Queel contrato exhiba una falsedad manifiesta ya que es imposible que los ejemplares a extraer tengan un promedio de 20 años. Que los testimonios de las informaciones sumarias son contundentes y unívocos en referir según las edades de los y las exponentes que dichos eucaliptus cuentan con 60 a 100 años de antigüedad, lo que hace un promedio de 70 a 80 años. Que para que se cumpla el promedio de 20 años, algunos ejemplares deberían computarse como “semillas de Eucaliptus recién plantadas” sic.Que es claro que esa falsedad consignada en el Contrato de Concesión fue para beneficiar a la empresa, es decir no bastó en autorizarla al sacrilegio del lugar, talando árboles añosos que forman parte del acervo natural y cultural de San Miguel del Monte, sino que también se recurrió a la viveza criolla de dibujar burdamente un dato para disminuir la carga de la reforestación a cargo de la firma concesionaria. Pues en base a la formula considerada para ello, si tomara realmente el promedio de 70 años, la reforestación debería comprender como mínimo 1120 ejemplares y no 256 como reza el (pliego) contrato.

Que hayadesconocimiento de la autoridad ambiental municipal sobre las especies nativas en la región y más específicamente en los ecosistemas conformados por las lagunas en el bioma de la llanura bonaerense, como es el caso de la Laguna de San Miguel del Monte. Quede las siete especies mencionadas para la reforestación solo 1 es nativa (el espinillo) pudiéndose sumar, con algunas observaciones, al Sauce Criollo. Pero está claro que las especies Cina Cina, Aguaribay, Ceibo, Timbó y mucho menos el Tamarisco (sic) son nativos de la región - si son del país (de ahí la confusión de la autoridad ambiental municipal), pero es absurdo – y demasiado burdo - en términos biológicos considerar el carácter autóctono en base al país, cuando corresponde que lo sea por su pertenencia a una determinada región geográfica o bioma.

Que sobre especies autóctonas o exóticasno puedanservir de motivaciónpara extirpar y hacer desaparecer 64 ejemplares de dicha especie que forman parte por su antigüedad del acervo natural y paisajístico del ecosistema de la Laguna de San Miguel del Monte, al que se ha integrado y se relaciona biológicamente desde decenas de años.

Que hayacontradicción del contrato de concesión.

Que el espacio verde público municipal que comprende el Recreo A arboles añosos de varias décadas forme parte del acervo natural, cultural e histórico de San Miguel del Monte que hace a la identidad cultural e histórica de sus habitantes que se relaciona con un bien ambiental como es la Laguna de San Miguel del Monte y toda su biodiversidad colindante. Que se trate de ejemplares que presentan total vigor; quesu ciclo biológico no se encuentre cumplido, ni se encuentren en mal estado, ni enfermos, ni ahuecados, tampoco ponen en riesgo la seguridad pública que motive su poda o tala indiscriminada. Que tales ejemplares pertenecen al arbolado público al encontrarse en un predio municipal que está destinado al uso público, como espacio de recreación lo cual se relaciona con el derecho humano a gozar de un ambiente sano y de los beneficios que nos otorga la diversidad biológica que incluye a los árboles.

Que el obrar del Municipio haya blindado el proceder de la firma adjudicataria al habilitarle sin más trámite que el otorgamiento de la propia concesión, el aniquilamiento de 64 Eucaliptus.

Que los árbolesintegran junto a la Laguna un ecosistema que conforma un refugio y corredor biológico en el que interactúan centenares de especies faunísticas.

Que no haya sidoresponsable, celosa y rigurosa la intervención municipal.-

Que éstos árboles posean un sinfín de propiedades como la de aumentar la infiltración de agua en el suelo, disminuir significativamente la temperatura y la radiación solar durante el verano, remover el dióxido de carbono del aire y aportar oxígeno, reducir los niveles de ruido y aminorar la contaminación atmosférica mediante la absorción de gases tóxicos y la retención de partículas en suspensión, aliviando el calentamiento global y mitigando el cambio climático, algunos beneficios que recibimos directamente y otros efectos que no podemos llegar a percibir, pero que allí están colaborando al ciclo de la vida.

Que resulte de aplicación lo sostenido en Manual del árbol en la ciudad, Ecologistas en acción, Madrid, 2015, p. 3).Ni el el Programa ONU-HABITAT11 que es un programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.-

Quelos más de 40 árboles que se proyectan extraer en el marco del proyecto de Recreo A represente un daño irreversible, siendo ejemplares sanos y adultos con más 40 cm de diámetro que son los que absorben más agentes contaminantes en el aire.-

Que el caso este atravesado por el orden público ambiental.-

Que se haya omitidoel análisissin aplicar los instrumentos básicos de prevención ambiental.-

Que las obras y/o proyectos que importan la realización de talas de árboles en la dimensión del caso (30 % del acervo forestal del sector arbóreo alcanzado) que forma parte de un corredor biológico requieranel cumplimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental.

Que aun con el cumplimiento de esa instancia legal obligatoria, el resultado será negativo atento que las obras proyectadas (e iniciadas) en términos de extraer 64 ejemplares de Eucaliptus, son absolutamente inviables e improcedentes ya que importan una grave afectación irreparable al ecosistema constituido por el corredor biológico que ronda a la Laguna de San Miguel del Monte. Que el mismo municipio en el pliego contrato de concesión lo reconozca expresamente al señalar que se trata de un gran impacto climático, ambiental y visual que a su vez modifica el ecosistema de la flora y fauna autóctona del sitio a modificar.

Que la situación fáctica este alcanzada por un amplio bloque normativo que comprende: a la Constitución Nacional y de la provincia de Buenos Aires, Acuerdo Regional Escazú – Ley Nacional 27.566 Artículos 3,4, 7 y 8, Ley General del Ambiente 25.675 Artículos 4, 10, 11, 12; Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global 27.520 Artículos 5 y 25; Ley provincial 12.008 (Ley 13.101), Inciso 2 del artículo 12; Ley Provincial11.723, Artículos 10,11, 36 ; Ley Provincial 12.257; Ley Provincial 12.276 y Ordenanza Municipal 3741/2010.

Que el recreo A represente la deforestación del 32 % de ejemplares de Eucaliptus existentes y que impliqueun gran impacto climático, ambiental y visual y que modifique el ecosistema de la flora y fauna autóctona del sitio a modificar”, y queel mismo deba cumplir con el orden público preventivo ambiental de la Declaración de Impacto ambiental.

Quecorresponda cumplir con una instancia de participación ciudadana., dado que el predio además de ser municipal, representa un espacio verde que brinda beneficios ambientales a toda la sociedad, y queconforma el acervo cultural, natural e histórico de cada habitante de San Miguel del Monte y que el Municipio lo desconozca.-

Que la necesidad de la participación ciudadana además de su fundamento legal descanse en el reclamo de Democracia y Equidad Ambiental.-

Que no haya habidocontenido republicano fuerte en la necesidad de la participación ciudadana en ese itinerario.

Que el sistema de democracia representativa aparezcaen crisis, luego de la reforma constitucional. Que se trate de una cuestión de Equidad Ambiental. Y que la actividad de tala de árboles de un espacio verde público que se vincula con un bien ambiental (Laguna) relevante para la identidad histórica y cultural que forma parte del acervo natural la población del lugar, que a la vez, le da su sentido de pertenencia territorial, tenga absoluta incidencia colectiva, por lo tanto ese colectivo afectado y/o involucrado debe tener asegurado su derecho a informarse sobre la actividad o proyecto que impacte sobre dicho bien, con suficiente transparencia y antelación.

Queárboles comprendidos en el Recreo A esténprotegidos por la Ley Provincial 12.276 y la Ordenanza Municipal 3741/2010 de San Miguel del Monte

Queel Municipio de San Miguel del Monte en el pliego de la licitación que hace a los términos del contrato de concesión del Recreo A, autorizara expresamente al concesionario a la tala de 64 ejemplares de Eucaliptus, en abierto incumplimiento del artículo 6 de la Ordenanza Municipal (y a su vez con la ley provincial 12.276) que solo autoriza la erradicación debidamente comprobada en los términos del artículo 5 del mismo bloque normativo, lo queno ocurrió en el caso, dado que los ejemplares arrasados como los que aún no fueron sacrificados están con su ciclo biológico en plenitud.-

Que hayaun incumplimiento manifiesto de las normas sobre el arbolado público por las propias autoridades municipales con competencias ambientales y que encuadraría en la figura penal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Un último y tercer aspecto normativo refiere al Código de Aguas Provincial (Ley 12.257).

Que un sistema de tratamiento de efluentes cloacales que deberá ser aprobado por la Dirección de Medio Ambiente de este Municipio, soslayando que ambas cuestiones son competencia de la Autoridad del Agua, por lo tanto la firma debe contar en ambos casos, con la aprobación de dicho órgano contralor.

Que correspondaMEDIDA CAUTELAR URGENTEatento a que la adjudicataria de la concesión tiene la permisión estatal municipal para talar aun 46 ejemplares de Eucaliptus que se encuentran en perfecto estado y que nada justifique su aniquilamiento, representando un daño grave irreversible,solicitando el dictado urgente de una medida de no innovar, ordenándole a demandada AGROPECUARIA GHEGOIL a que se abstenga de realizar tala y poda de árboles, y cualquier tipo de deforestación y arrasamiento especies arbóreas en el lugar concesionado como Recreo A, conforme Decreto Municipal 1199/2023.Que alos efectos de comprobar la concurrencia de los requisitos de la procedencia de la medida cautelar aportaron las informaciones sumarias conforme al artículo 197 del

Procesal Civil y Comercial y artículo 77 inciso 1 Ley 12.008 que dan cuenta de la gravedad, urgencia y el peligro de la demora ante un riesgo de daño grave e irreversible.

La medida cautelar solicitada por la actora en relación a abstenersede realizar tala y poda de árboles, y cualquier tipo de deforestación y arrasamiento especies arbóreas en el lugar concesionado como Recreo A, conforme Decreto Municipal1199/2023, es completamente improcedente , toda vezque no se cumplen los requisitos de admisibilidad y que demás esta decir no se han extraido ni podados mas de 20 arboles .-

Pero a demás de ello no pueden comprobar la concurrencia de los requisitos de la procedencia de la medida con informaciones sumarias que para esta parte no dan cuenta de la gravedad , urgencia y el peligro de la demora ante un riesgo de daño grave e irreversible.

En principio es dable destacar que para dictar una medida cautelar se debe ser particularmente exigente y minucioso y no conformarse con meras pruebas sumariales y simples manifestaciones, que como se demostrará, denotan que el derecho no es verosímil como intenta el actorni la urgencia es la alegada.

Que la VEROSIMILITUD DEL DERECHO nose encuentra acreditada con la documentación que se acompaña y las informaciones sumarias, las que rechazamos y no demuestran de modo inobjetable que la tala es absolutamente ilegal, y provoca daño actual grave e irreparable al ambiente y biodiversidad.

Que lamedida cautelar solicitada tenga fundamento en el derecho a la tutela efectiva, reconocido –entre otros- por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Justamente, laviabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que: "la viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión" (Fallos 316:1833, entre otros). Toda medida cautelar está subordinada a la concurrencia de dos presupuestos básicos que son la verosimilitud del derecho invocado y un interés jurídico que lo justifique, denominado "peligro en la demora".

Así , laacción que promueve el actorpara detener la poda y extraccioncarecen por sí mismas al menos en principio, de efectos suspensivos hasta tanto no se dicte sentencia definitiva, de modo que para lograr la suspensión a través de una medida cautelar, el hecho dañoso debe ser inminente e irreversible u ocasionar daño al ecosistema en caso de continuar con los actos de tala por cuantola tala de un árbol debería significar no solo un perjuicio al ambiente global, sino a todos los seres vivos del lugar.-Cuestión que no se da en autos, ya que desde la comuna se arbitraron las medidas que fueron necesarias para lograr un equilibrio en la quita, poda o extracción con la plantación correspondiente.- Tampoco ha habidoirregularidades en la licitación.- Es que la comuna lo que ha realizado hace ya varios años mediante la ordenanza 4367 un ordenamiento territorial y sustentable de todo el perímetro de la laguna que justamente no habilita la tala indiscriminada de árboles.-Ni derivaen daños irreversibles a los ecosistemas como la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo.-

Por ello, de modo preliminar, cabe destacar que en autos no se advierte mínimamente que tales requisitos se vean configurados -ni acreditados- y bajo ningún concepto puede sostenerse válidamente que todos ellos concurran en simultaneo. Por ello y en función de los fundamentos que seguidamente se exponen, solicito que V.S. rechace la medida cautelar intentada por los accionantes, en todos sus términos y con expresa imposición de costas.

Por ello V.S no hay perjuicio grave alguno en la tala de los ejemplares que por la medida se intentan mantener en pie. El medio ambiente no corre peligro por ello, la salud de los vecinos de Monteno se verá vulnerada como exageradamente fuerzan los accionantes. No hay relación causal entre el accionar de mi mandante y el desmedro al medio ambiente, no estamos desforestando, no estamos desparquizando; a mas de que losejemplares en cuestión carecen de protección y/o valor patrimonial.-

El actor no invoca el peligro en la demora e irreparabilidad del perjuicio en atención de carecer su pedido de argumentaciones validas al respecto; no encontrándose reunidos los recaudos exigidos, toda vez que no se ha demostradodesprotección de las pretensiones que requiere cautelar y así como la irreparabilidad del perjuicio en cuanto debe ir acompañada de comprobación fehaciente,

Es decir que quien impetra el despacho de la diligencia debe acreditar que "prima facie" le asiste razón y la legitimación pasiva del sujeto de quien pretende la cautela, y este requisito no se configura en autos.

Es dable referir que las medidas precautorias no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un accesorio o instrumento de otro proceso, y se otorgan en consideración al derecho que ha de esclarecerse mediante las formas regulares que aseguran la defensa en juicio, no pudiendo su contenido y finalidad, equivaler o significar lomismo que el propio de la acción principal. (Conf. DE LAZZARI, Medidas Cautelares, La Plata 1984. Tomo I, pag. 10 y 22)

No proceden las medidas precautorias cuyo objeto coincide con el perseguido en el proceso principal, toda vez que no corresponde que por la vía de la precautoria se sentencie provisoriamente lo que se solicita en la acción. Es que la pretensión de la medida cautelar no debe ser equiparable a la solicitud misma del proceso, ya que ello no sería una medida tendiente a asegurar la eficacia de la eventual sentencia que acogiese la demanda, sino un adelantamiento de la misma.-

Tampoco se configura en autos, reiteroel peligro en la demora-Es que, no surge acreditado justamente el otro requisito insoslayable referido al peligro de un daño irreparable en la demora.-

Sostiene el más Alto Tribunal que: "La misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el Judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, por lo que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público. Por consiguiente, en las causas en que se impugnan actos cumplidos por otros poderes, en el ámbito de las facultades que le son privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación". (La Ley, Año LXII Nro. 109, Fallo Nro. 97305, 10-6-98).

NO EXISTENCIA DE VEROSIMILITUD DEL DERECHO.

El derecho que la actora considera vulnerado, no se encuentra probado a prima facie, en razón a que como bien manifiesta se ha tenido en cuenta no solo la poday/ o extracción de 64 arboles sino el resarcimiento debiendo plantar 256 Arboles .-

Que adjunta informaciones, las cuales repetimos que desconocemos, no prueba tampoco ni dice que ese espacio ya se encontraba impactado negativamente puesto que ya era explotado, sin concesión alguna, sin ingreso económico alguno al erario municipal ycon la utilización de baños sin conexión de cloacas ni biodigestores, los que aquí también se han tenido en cuenta.-

No existiendo ilegitimidad en el accionar administrativo no habría perjuicio por lo tanto peligro en la demora.

“Asï cuando mayor sea la verosimilitud del derecho invocado, menor rigor debe observarse en la evaluación del daño alegado, ya la inversa, cuando más evidente resulta el peligro en la demora, el fumus bonis iuris debe apreciarse con menor estrictez” (Ana Cristina Logar, en Las Medidas Cautelares en el Nuevo Código Contenciosos Administrativo de la Provincia de Buenos Aires)

Que no existe peligro en la demora, ya que no hay un perjuicio que no pueda repararse .-

Debe considerarse el carácter restrictivo de la interpretación respecto de la procedencia de medidas de este tipo contra el Estado, atento la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la presunción de solvencia a su respecto.

La característica principal del otorgamiento de una medida cautelar es que surja un eminente peligro que afecte los derechos de las personas y que se encuentre imposibilitado de una reparación posterior.

Dicho requerimiento no estaría cumplimentado.- Destaco que aquí se ha previstola poda pero también la remediación - plantación posterior.-

Por otra parte hablan maliciosamentede 20 ejemplares extraídos cuando solo han sido 8 y podados a 30-60 cm, ninguno sacado de raíz.-Y que por otra parte ya ha cesado la poda por lo

que deviene totalmente abstracta la petición y así lo pido.- Reiterando no existe peligro en la demora ni daño irreparable.-

También se leen frases como “(…) NUNCA FUIMOS CONSULTADOS.- Haber en el caso de autos reitero una vez más hace mas de 3 años fue aprobada por el Concejo deliberante de Montela ordenanza 4367sobre ordenamiento de la laguna y en el caso puntual la concesión de Ghegiol fue varios años después ydado que solo un oferente se presento en la licitación, tal como lo determina la ley organica municipal fue elevado al concejo deliberante (Órgano representativo de la ciudad de Monte) que aprobó y por ende dio visto bueno al efecto.- Entonces, si la concesión tramito mediante un expediente elevado al concejo deliberante y mediante pliego licitatorioque es de acceso público, con mas que la propia parte actora ha acompañado,mal podrían ahora argumentar que no conocían la existencia de las obras, de sus plazos, de la extracción de árboles ni de cualquier otro dato que fuera relevante para su construcción.

Por lo demás, claramente V.S. podrá advertir la vaguedad e imprecisión en los argumentos esbozados por la parte actora, al considerar que con la sola manifestación de hechos que no son tales, es suficiente para la procedencia de la medida cautelar solicitada, lo que es improcedente. Al respecto se ha dicho que: “La prohibición de innovar -en particular supone un medio procesal que debe ser aplicado con carácter restrictivo. Este principio adquiere mayor vigor en los litigios contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, en virtud de la presunción de validez de que están investidos los actos de los poderes públicos. Su aplicación -que trae como consecuencia la adopción de un criterio más estricto para apreciar la existencia de la verosimilitud del derecho invocado como fundamento requiere que quien solicita la medida de no innovar demuestre prima facie, la ilegitimidad del acto recurrido o la violación del orden jurídico para hacer caer dicha presunción.” (Galli, Argento. 32.849/07 "Barrios, Alfredo Alejandro c/ EN -M° Interior- GN s/ amparo". 23/04/09 C.NAC.CONT.ADM.FED. Sala IV.)

Ahora bien , teniendo encuenta el derecho al ciudadano, alturista y turismo en general y los servicios que desde el municipio se le brindan , cabe resaltar lo manifestado por la Dra. Christe, quien explica que los derechos humanos son condicionantes del actuar en una sociedad democrática, indica que: “la terminología que acuerda entidad al “bien común” o al “bienestar general” se reconduce a dos principios fundamentales: el desarrollo personal y la plena realización de losderechos humanos de todos, los que sólo encuentra límites en los derechos de los demás, en el contexto en el fortalecimiento de las instituciones democráticas” (CHRISTE, Graciela E. “Los derechos sociales en acción- La intersección de los derechos sociales en el derecho administrativo”, 1°Ed. Grupo Editorial HS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017. Págs. 223/227). Cabe señalar que la doctrina ha explicado que: “En el ámbito de un proceso contencioso administrativo, no puede dejar de ponderarse , como lo hace la jurisprudencia, (…) la incidencia del interés público (…) De allí pues, en la medida que la acción cautelar que paralice los efectos de actuaciones estatales dotadas de presunción de legitimidad (actos administrativos, reglamentos o leyes) impidiéndole alcanzar los fines iniciales de la norma legal, ora perturbando, ora obstruyendo o bien privando de tutela un bien jurídico accesible a los miembros de la comunidad (…) deviene claro que el interés individual deberá ceder frente al interés general (…) Para determinar su presencia [del interés público] en una situación

concreta y luego verificar que en el caso están reunidos los presupuestos de procedencia de la cautela, el Tribunal deberá comprobar en concreto que dicha medida no provocará un menoscabo indudable sobre los bienes jurídicos comunes (relaciones de 26 disponibilidad o utilidad comunes a las personas que integran esa comunidad) ya que si es así, la tutela deberá ceder frente al interés público.”

Sostenemos que esta causa NO es una cuestión ambiental y que la poda sanitariade estos árboles no produce un daño al medio ambiente irreparable. Sin perjuicio de ello, se ha de destacar que la municipalidadno da la espalda a la importancia del medio ambiente y participa activamente en la promoción y ejecución de políticas públicas relacionadas con su protección. A continuación, se detallan de manera ilustrativa y no taxativa alguna de las acciones positivas que la Municipalidad lleva a cabo en cuestiones ambientales, a saber:

1.- Construcción de planta reciclado en el predio de disposición final de residuos.-Habiendo además en dicho predio forestado en su frente por una cortina verde de casuarinas (siendo éstas arboles añosos extraídos por la obra de la autovía ruta 3 Monte–Las Flores) donde en un arduo trabajo llevado a cabo por éste municipio se trabajo para poder trasladarlas, cuidarlas y plantarlas.- Encontrandose hoy dia vivas y saludables y cumpliendo una gran función.-

2.- Hemos proyectado en cuanto a reciclado: las botellas de amor, pilas, aceite de cocina, residuos electrónicos y recientemente en neumáticos, todoscon disposición final a través de la firma de convenios con diferentes empresas.-

3.- Pusimos en valor el vivero municipal, con una nueva huerta, lo orgánica ; comenzamos a producir desde nuestra vivero especies arbóreas como por ejemplo sauces y especies más pequeñas como los agaphantos los cuales hemoscolocando en espacio públicos y verdes que también hemos recuperado.- Etc

Y que en el caso que nos ocupa se ha tenido en cuenta la podade ejemplares pero también la remediación de los mismos y ha tenido en cuenta el informe elaborado cuando se trabajó de manera responsable en el saneamiento del perímetro de la laguna.-

Respecto al informe impacto ambiental es menester tener en cuenta que no estamos hablando de un bosque sino de una hilera de árboles.-

Por ultimo respecto de la autoridad del agua resulta ser un copia y pegue que aquí nada tiene que ver pues, al contrario respecto de los afluentes cloacales aquí se ha tenido en cuenta con la colocación de biodigestores, hasta poder ser conectados al sistema cloacal que pasa por y rodea toda la costanera y está próximo a inaugurarse.-

Por ello ha quedado demostrado acabadamente por parte de la actora su desconocimiento en el pliego licitatorio y las normas querigen.-

Ahora bien los actores por una parte dicen que las autoridades municipales no los atendieron y que carecen de documentacióny después viendo que la medida cautelar solicitada no iba a correr buena suerte modifiquen el pedido presentando dichamodificación y la enderezan con un amparo manifestando que el municipio efectivamente hizo entrega de ladocumentación.-Se contraria nuevamente.-

Ahora bien V.S del análisis del contrato de concesión, conforme a los términos de la Ordenanza 4582 que autoriza a concretar la licitación y Decreto Municipal 1199, que efectivamente la aprueba, no se deprende ninguna ilegalidad ni arbitrariedad manifiesta con riesgode daño grave e irreparable , por violación al Orden Público Ambiental, al permitir la extracción y poda de árbolespor parte delmunicipio.-

Contestación de la municipalidad al reclamo legal que realizaron los vecinos.

"Solo se podaron 8 Árboles a una altura de 30 a 60 cm" 

La firma del Decreto N° 142-26 por parte del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, marca un quiebre preocupante en la concepción del transporte público y los derechos sociales en el Área Metropolitana. Al institucionalizar la denominada "Prioridad Porteña" y restringir el pase gratuito para personas con discapacidad y trasplantadas exclusivamente a quienes tengan domicilio radicado en la Ciudad de Buenos Aires, la gestión local no solo levanta una

barrera administrativa, sino que impone un castigo geográfico a los sectores más vulnerables del interior bonaerense.


Para los habitantes de San Miguel del Monte, esta decisión no es una simple estadística presupuestaria; es un ataque directo a su derecho a la movilidad y a la salud. Los vecinos de Monte que conviven con una discapacidad dependen de la conectividad que brinda el sistema de transporte —especialmente el subte en sus conexiones terminales— para acceder a centros de salud de alta complejidad, realizar trámites específicos o, simplemente, integrarse a la vida económica de una capital que, aunque se pretenda autónoma, es el nodo central de una nación federal.

El golpe a la movilidad por la obligación de reempadronarse antes del 27 de abril de 2026 bajo el estricto requisito de residencia en CABA, discrimina a los ciudadanos de Monte que viajan regularmente a la capital que tendrán desactivado un derecho otorgado por una ley nacional. Esto los obliga a costear tarifas que, en un contexto de crisis, resultan prohibitivas.

Gerardo Mazzochi advierte sobre el "muro invisible" que levanta el Decreto 142-26: una medida que arrebata el pase libre a miles de bonaerenses con discapacidad. Para los vecinos de Monte, la salud y la movilidad dejan de ser un derecho nacional para convertirse en un privilegio geográfico dictado por el código postal.

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