La iniciativa presentada por Fuerza Patria obtuvo cinco votos favorables y ocho negativos. Durante la discusión se plantearon dificultades de acceso a la atención, la necesidad de coordinar los recursos existentes y diferencias sobre la implementación de nuevas políticas públicas.
El Concejo Deliberante rechazó, durante la sesión ordinaria del jueves 12 de noviembre, un proyecto de ordenanza para crear un Programa Municipal Integral de Salud Mental. La iniciativa, presentada por el bloque Fuerza Patria, dio lugar a casi una hora de tratamiento y terminó con cinco votos a favor y ocho en contra.
La propuesta buscaba articular los recursos existentes mediante una red municipal y una mesa de trabajo integrada por el Municipio, el Hospital Zenón Videla Dorna, el Centro Provincial de Atención (CPA), instituciones educativas, clubes y organizaciones comunitarias. Sus objetivos incluían mejorar el acceso a la atención, prevenir el suicidio y abordar los consumos problemáticos, la ludopatía y las apuestas online. También preveía relevar los servicios disponibles, elaborar un plan anual y presentar informes de gestión ante el Concejo.
La concejal Laura Gallardo, una de las impulsoras, explicó que el proyecto nació de las inquietudes planteadas por estudiantes secundarios durante la campaña electoral de 2025. Según relató, al recorrer las escuelas, jóvenes de quinto y sexto año les preguntaron qué políticas proponían para atender los problemas de salud mental. La respuesta de su bloque fue elaborar una iniciativa que permitiera coordinar los distintos servicios y acompañar a las personas afectadas y sus familias.
Para fundamentar la propuesta, Gallardo expuso cifras correspondientes al período comprendido entre mayo y octubre de 2026. Según detalló, se registraron 2.708 consultas ambulatorias por motivos de salud mental, 131 atenciones por demanda espontánea en guardia y 54 internaciones. Estos registros corresponden a prestaciones y no necesariamente a personas diferentes.
La edil también advirtió sobre las dificultades para acceder a turnos. Señaló que el Hospital de Monte contaba con una lista de espera organizada mediante una primera escucha, instancia en la que los profesionales evaluaban la urgencia de cada situación. Según los números que presentó, 124 adultos habían pasado por ese procedimiento y 42 volvieron a consultar. En el caso de los niños, mencionó 97 en lista de espera, de los cuales 39 realizaron nuevas consultas. Reconoció, además, que se desconocía si quienes no regresaron habían conseguido atención particular, abandonado la búsqueda de tratamiento o atravesado otras circunstancias.
Las cifras fueron presentadas durante el debate y no pudieron contrastarse con un informe oficial del establecimiento sanitario. Tampoco permiten establecer cuántas personas permanecían efectivamente sin tratamiento al momento de la sesión. Su exposición, sin embargo, incorporó a la discusión un aspecto concreto de la demanda de atención en el distrito.
Otro eje del intercambio fue la existencia de políticas anteriores. Desde mayo de 2025, Monte cuenta con la Ordenanza 4706, que creó un programa municipal de prevención del suicidio. Gallardo cuestionó que, según su conocimiento, la mesa de coordinación prevista por esa normativa todavía no hubiera sido convocada. Sostuvo que la nueva propuesta buscaba ampliar el abordaje hacia otras situaciones de sufrimiento psíquico y defendió la necesidad de “empezar por algo”.
La concejal Sandra Ferrandi, del PRO, recordó que su bloque había impulsado aquella ordenanza y presentado también una propuesta para crear un Consejo Municipal de Salud Mental. Explicó que el nuevo texto planteaba superposiciones con iniciativas anteriores y que las diferencias no habían podido resolverse en comisión. Incluso señaló que una primera versión contemplaba derogar la normativa sobre prevención del suicidio. “No hemos logrado el consenso”, manifestó.
Ferrandi también se refirió a las dificultades que enfrentan las familias de personas con consumos problemáticos para acceder a dispositivos de tratamiento. A partir de experiencias de acompañamiento, sostuvo que las herramientas municipales resultan insuficientes ante determinadas situaciones y consideró necesarios cambios en la legislación nacional y provincial. Al mismo tiempo, remarcó que las ordenanzas deben tener un encuadre claro para facilitar su aplicación, cuya responsabilidad corresponde al Departamento Ejecutivo.
El concejal Gustavo Villalba, de Fuerza Patria–Frente Renovador, anunció que su bloque “acompañará la propuesta”, aunque subrayó la importancia de fortalecer los espacios que ya trabajan sobre estas cuestiones. Mencionó a los clubes, los equipos interdisciplinarios de salud y los referentes barriales que acompañan a niños y adolescentes, muchas veces como primeros receptores de situaciones que requieren intervención. A su entender, una política integral debía aprovechar esa experiencia y evitar la dispersión de esfuerzos.
Desde la UCR, Juan Cruz Lamothe Coulomme planteó reparos sobre la viabilidad de la iniciativa. En su condición de médico clínico del Hospital Zenón Videla Dorna, describió la complejidad de las intervenciones en salud mental, que pueden involucrar al hospital, las unidades sanitarias, los servicios de emergencia y otras instituciones. Consideró necesario “seguir trabajando” el proyecto con la participación de profesionales y organismos que luego deberían llevarlo a la práctica. También advirtió que algunas de las estructuras mencionadas dependen de otros niveles del Estado y que su intervención requiere acuerdos concretos.
En ese marco, Lamothe Coulomme destacó el trabajo que el Ejecutivo desarrolla junto con la Fundación INECO, orientado a relevar la problemática y diseñar acciones preventivas. Durante el intercambio surgieron diferencias sobre las dificultades para realizar actividades en escuelas públicas, sujetas a autorizaciones provinciales. Gallardo cuestionó que no se hubieran formalizado las gestiones necesarias para obtenerlas. El programa municipal presentado en 2025 junto con INECO, destinado especialmente a jóvenes, familias, docentes y profesionales sanitarios, ya había sido abordado por La Voz de Monte al informar sobre el proyecto de Fuerza Patria.
Por su parte, Guillermo Buñes, integrante del bloque autor, cuestionó que las dificultades de implementación fueran utilizadas como argumento para rechazar la iniciativa. Recordó que la ordenanza de prevención del suicidio había sido aprobada por unanimidad y también contemplaba una mesa de articulación institucional. Señaló, además, que existen otros consejos y espacios participativos creados mediante ordenanzas que, según afirmó, no han sido convocados regularmente. Para Buñes, las dificultades de coordinación podían superarse si existía “voluntad política”.
La concejal Sol La Rosa, de la UCR, intervino para explicar que en la última reunión de comisión se había propuesto continuar el estudio del texto e incorporar modificaciones. Cuestionó que fuera llevado al recinto sin haber alcanzado un acuerdo sobre esos cambios y sostuvo que esa circunstancia motivó la decisión de “no acompañar” su aprobación. Gallardo respondió que el proyecto ya había atravesado varias reuniones, durante las cuales sus autores aceptaron modificaciones, y defendió la decisión de someterlo a votación.
Por último, Claudio Lerose, de La Libertad Avanza, consideró que el proyecto era “muy completo y muy amplio” y reconoció la importancia de avanzar en políticas de salud mental. Sin embargo, coincidió en que faltaba incorporar la opinión de algunos actores y revisar determinados aspectos. Manifestó la disposición de su bloque para continuar trabajando sobre la propuesta hasta alcanzar una herramienta que pudiera aplicarse en Monte.
El debate concluyó sin acuerdo. Los autores consideraron que el proyecto estaba en condiciones de ser aprobado, mientras que otros concejales insistieron en la necesidad de profundizar las consultas y continuar su tratamiento en comisión. La votación terminó con cinco votos afirmativos y ocho negativos, por lo que la iniciativa fue rechazada.
La discusión dejó abiertas cuestiones que van más allá del resultado legislativo. Entre ellas, la disponibilidad de profesionales, los tiempos de espera, la coordinación entre instituciones y el funcionamiento de las políticas ya aprobadas. Las necesidades expuestas no se disuelven con una votación. La eficacia de una política pública, después de todo, no se mide únicamente por su aprobación, sino por su capacidad de llegar a quienes la necesitan.
La iniciativa presentada por Fuerza Patria obtuvo cinco votos favorables y ocho negativos. Durante la discusión se plantearon dificultades de acceso a la atención, la necesidad de coordinar los recursos existentes y diferencias sobre la implementación de nuevas políticas públicas.
El ingeniero se jubiló tras 38 años de trabajo en la institución cuya modernización acompañó desde la gerencia. Autoridades, expresidentes, trabajadores, amigos y familiares participaron de un homenaje que reconstruyó su trayectoria, desde las primeras obras de infraestructura hasta su compromiso con la formación de nuevas generaciones de técnicos.