La Voz de Monte 2026-10-22T17:40:00.000ZEntornos digitales seguros para una niñez protegida
Marcela Basualdo reunió en Monte a docentes y especialistas para proteger a la niñez frente a la violencia digital. La diputada bonaerense impulsó una jornada de reflexión y capacitación junto a autoridades educativas y del Ministerio de Justicia provincial. La violencia en entornos digitales, el rol de la escuela como espacio de contención y el impacto del nuevo régimen penal juvenil, que fija la edad de punibilidad en los 14 años, fueron los ejes del encuentro.
Por iniciativa de la diputada provincial Marcela Basualdo, el miércoles 14 de octubre se llevó a cabo en Monte una jornada de reflexión y capacitación sobre las violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes. El encuentro abordó los desafíos que plantean los entornos digitales y las consecuencias de la reciente reforma del régimen penal juvenil. La convocatoria reunió a funcionarios provinciales, especialistas y representantes de establecimientos educativos de la Región 17, que comprende Monte, General Paz, Chascomús, Lezama, Pila, General Belgrano y Rauch.
La propuesta respondió a una preocupación que la legisladora viene sosteniendo en su labor: que las comunidades educativas no enfrenten en soledad problemáticas que exceden sus capacidades. Por eso, Basualdo buscó acercar al territorio a quienes diseñan y ejecutan las políticas de justicia y protección de derechos, y poner esos saberes al servicio de quienes trabajan a diario en las aulas.
Una mirada sobre la escuela y los adultos
En la apertura, Basualdo describió con crudeza el escenario que atraviesan las infancias. "La violencia está educando a nuestros niños, nos está guiando a nosotros en la vida, en cada accionar, en cada cosa que hacemos", expresó. Advirtió además que las dificultades económicas y familiares han ampliado la función de contención de las escuelas. Como consecuencia, los docentes deben intervenir con frecuencia ante situaciones que superan su formación y sus responsabilidades tradicionales.
La diputada también interpeló el lugar de los adultos frente a la tecnología. "Tal vez el sistema educativo no nos preparó para esta época, donde los entornos digitales hacen que esta violencia de la que hablamos se replique, se multiplique y se instale", sostuvo. Agregó una autocrítica: "Nosotros, como adultos, somos bastantes rehenes de esta pantalla".
A partir de ese diagnóstico, Basualdo planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento del Estado a las instituciones educativas. También propuso construir redes de trabajo que brinden a los docentes herramientas concretas para prevenir, detectar y abordar estas situaciones. Esa articulación entre escuela, familia, organismos de protección y sistema judicial atravesó toda la jornada.
El impacto de la reforma penal juvenil en las aulas
Uno de los paneles centrales estuvo a cargo de Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Pellegrini analizó los alcances de la Ley nacional 27.801. La norma rige desde el 5 de septiembre, establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años y amplía las conductas por las que pueden ser sometidos a proceso penal.
El funcionario advirtió que una de las consecuencias más significativas podría darse en las escuelas. Allí, situaciones que históricamente se resolvían con herramientas educativas, familiares o comunitarias podrían derivar en intervenciones judiciales; como ejemplos mencionó daños materiales, amenazas o peleas entre estudiantes. "El gran desafío institucional que tenemos en este momento como provincia [...] es qué herramienta le vamos a dar al cuerpo docente", planteó. Así coincidió con la preocupación que había motivado la convocatoria de la diputada.
Según los registros provinciales que presentó, la participación adolescente en hechos delictivos investigados muestra una tendencia descendente en la última década. En 2012, entre cuatro y cinco de cada cien delitos registrados en territorio bonaerense involucraban a algún adolescente; en 2024 y 2025, esa proporción se redujo a alrededor de dos. Pellegrini aclaró, no obstante, que esa baja no implica desconocer los hechos graves ni las obligaciones del Estado frente a las víctimas. "Hay una responsabilidad primaria del Estado de responder", afirmó.
El subsecretario también señaló que los conflictos están cambiando. Mencionó el consumo problemático a edades cada vez más tempranas, la captación de adolescentes por organizaciones delictivas dirigidas por adultos y el aumento de las investigaciones por agresiones sexuales. Sobre este último punto, aclaró que más denuncias no implican necesariamente más hechos: el aumento puede reflejar una mayor visibilización de situaciones antes naturalizadas.
Respecto de la nueva legislación, cuestionó el enfoque adoptado por el Gobierno nacional y alertó sobre el riesgo de extender la intervención penal a conflictos de menor gravedad. La ley contempla alternativas a la privación de la libertad, pero en su opinión los requisitos exigidos podrían limitar su aplicación. "Nunca la criminalización de un hecho de estas características debe ser la primera alternativa", sostuvo.
El desafío, explicó, consiste en equilibrar tres objetivos: proteger los derechos de los estudiantes, acompañar a las víctimas y respaldar institucionalmente a los docentes. "Tampoco podemos dejar expuesto a un docente a que venga un familiar a reclamarle por qué no ha hecho la denuncia", señaló. Pellegrini se refirió también a la Ley provincial 15.571 de Ejecución Penal Juvenil, sancionada en 2025 a iniciativa de la diputada Lucía Iañez. A su juicio, esa norma podría contribuir a moderar algunos efectos de la reforma nacional dentro del sistema bonaerense.
Violencia digital e inteligencia artificial
El segundo eje del encuentro, central en la agenda de Basualdo, fueron las nuevas modalidades de violencia vinculadas con las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Pellegrini mencionó casos de exposición y circulación de imágenes íntimas, tanto reales como generadas con herramientas de IA, que ya provocan conflictos en las comunidades educativas. "Las investigaciones penales no llegan a alcanzar el ritmo con el que mutan las tecnologías", advirtió. Planteó por ello la necesidad de estrategias colectivas que involucren a escuelas, familias, organismos de protección y sistema judicial.
Para dar respuestas concretas a esa inquietud, la jornada incluyó un panel dedicado a cómo actuar ante situaciones de violencia en entornos digitales. Lo integraron María Paz Bertero, abogada y presidenta de la Comisión de Delitos contra las Infancias del Colegio de la Abogacía de La Plata; Gabriel Appella, director provincial de Gestión de las Conflictividades; y Alejandra Benvenuto, asesora del Ministerio de Justicia e integrante del programa provincial Cuidarnos en Red.
Emanuel Basallo, inspector jefe regional de Gestión Privada, valoró que estos debates lleguen al territorio y permitan escuchar las inquietudes de los equipos docentes. "Creemos que cuando llegó la justicia es porque quizás el Estado llegó tarde", expresó. Sostuvo además que las escuelas deben ampliar las oportunidades de los jóvenes y evitar que las desigualdades sociales condicionen sus trayectorias.
Un compromiso que continúa
La jornada dejó planteado un desafío para toda la comunidad educativa: responder a las nuevas formas de violencia, proteger a las víctimas y acompañar a los adolescentes, sin trasladar automáticamente al sistema penal situaciones que requieren intervenciones educativas, familiares y comunitarias. Con esta iniciativa, Marcela Basualdo reafirmó su compromiso con una niñez protegida y con docentes que no queden solos frente a estos problemas. También ratificó su convicción de que la prevención se construye en red, con el Estado presente en cada territorio.
