Gerardo Mazzochi advierte sobre el "muro invisible" que levanta el Decreto 142-26: una medida que arrebata el pase libre a miles de bonaerenses con discapacidad. Para los vecinos de Monte, la salud y la movilidad dejan de ser un derecho nacional para convertirse en un privilegio geográfico dictado por el código postal.
La firma del Decreto N° 142-26 por parte del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, marca un quiebre preocupante en la concepción del transporte público y los derechos sociales en el Área Metropolitana. Al institucionalizar la denominada "Prioridad Porteña" y restringir el pase gratuito para personas con discapacidad y trasplantadas exclusivamente a quienes tengan domicilio radicado en la Ciudad de Buenos Aires, la gestión local no solo levanta una
barrera administrativa, sino que impone un castigo geográfico a los sectores más vulnerables del interior bonaerense.
Para los habitantes de San Miguel del Monte, esta decisión no es una simple estadística presupuestaria; es un ataque directo a su derecho a la movilidad y a la salud. Los vecinos de Monte que conviven con una discapacidad dependen de la conectividad que brinda el sistema de transporte —especialmente el subte en sus conexiones terminales— para acceder a centros de salud de alta complejidad, realizar trámites específicos o, simplemente, integrarse a la vida económica de una capital que, aunque se pretenda autónoma, es el nodo central de una nación federal.
El golpe a la movilidad por la obligación de reempadronarse antes del 27 de abril de 2026 bajo el estricto requisito de residencia en CABA, discrimina a los ciudadanos de Monte que viajan regularmente a la capital que tendrán desactivado un derecho otorgado por una ley nacional. Esto los obliga a costear tarifas que, en un contexto de crisis, resultan prohibitivas.
Mientras que en la Provincia de Buenos Aires se fomenta el Pase Libre Multimodal para garantizar el derecho a la movilidad en el transporte interurbano, la Ciudad de Buenos Aires opta por un repliegue sobre sus propias fronteras tributarias. Esta lógica ignora que el sistema de transporte es un tejido interconectado donde miles de bonaerenses aportan diariamente a la dinámica y economía porteña.
A pesar de los avances nacionales por simplificar el acceso mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) digitalizado, la Ciudad impone una traba adicional: el código postal. Un ciudadano de San Miguel del Monte tiene el mismo CUD legal que un residente de Palermo, pero desde abril de 2026, el primero deberá pagar y el segundo no. La medida es, en esencia, una política de segregación administrativa. Al priorizar a quienes "viven y tributan en la Ciudad", se olvida que los servicios públicos en una capital nacional deben tener una mirada integradora. Para el vecino de San Miguel del Monte, la General Paz se ha convertido en un muro invisible que hoy, bajo la firma de Jorge Macri, le niega el paso fluido por el solo hecho de vivir a unos kilómetros de distancia.
Esta exclusión despoja de derechos a quienes más protección necesitan porque la inclusión real no puede detenerse en la General Paz.
Gerardo Mazzochi advierte sobre el "muro invisible" que levanta el Decreto 142-26: una medida que arrebata el pase libre a miles de bonaerenses con discapacidad. Para los vecinos de Monte, la salud y la movilidad dejan de ser un derecho nacional para convertirse en un privilegio geográfico dictado por el código postal.
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