El licenciado en Nutrición Leandro Iribarne reflexiona sobre los cambios en el sistema de control de alimentos en la Argentina y plantea una pregunta que atraviesa nuestra vida cotidiana: ¿quién controla lo que comemos?
Que un alimento que llega a una góndola cumple determinadas reglas. Que alguien controla cómo se produce. Que existen análisis, registros e inspecciones. Que si aparece un problema, hay una autoridad capaz de intervenir.
Casi nunca pensamos en todo eso cuando hacemos las compras.
Tal vez esa sea la señal de que el sistema funciona. Cuando el control está bien hecho, se vuelve invisible.
Ese sistema está cambiando.
A fines de julio, el Gobierno nacional modificó de manera importante la organización del control de los alimentos. A partir del Decreto 697/2026, ANMAT dejó de intervenir en los trámites y acciones vinculados con alimentos, bebidas, suplementos dietarios, envases y materiales en contacto con alimentos. El SENASA pasó a concentrar las funciones de registro, fiscalización y control dentro de las competencias que le asigna la nueva normativa.
Un año antes, otro decreto había disuelto la Comisión Nacional de Alimentos, la CONAL, que desde 1999 funcionaba como espacio de articulación y asesoramiento dentro del Sistema Nacional de Control de Alimentos. El argumento oficial fue simplificar procedimientos, eliminar superposiciones y hacer más ágiles las decisiones.
Ahora se suma la desaparición del INAL, el Instituto Nacional de Alimentos, que durante décadas funcionó dentro de ANMAT y tuvo entre sus responsabilidades el control y la fiscalización de alimentos destinados al consumo humano.
La explicación del Boletín Oficial vuelve a ser la misma: menos burocracia, menos organismos superpuestos, más eficiencia.
Pero ¿qué pasa con el control cuando se simplifica la estructura que lo sostiene?
Controlar alimentos implica más que aprobar un trámite.
Significa tener personas que inspeccionen. Laboratorios que analicen. Sistemas que registren. Información que circule. Capacidad para detectar una contaminación, una adulteración o un alimento que no debería estar a la venta. Y, sobre todo, capacidad para actuar cuando aparece un problema.
La nueva normativa concentra muchas de esas funciones en SENASA. También establece mecanismos de coordinación entre Nación y jurisdicciones provinciales y permite que SENASA celebre convenios para organizar parte de esas tareas.
Cabe preguntarse si el nuevo sistema tendrá capacidad suficiente para mirar todo lo que necesita ser mirado.
Nuestro sistema alimentario es enorme. Hay grandes industrias y pequeños productores. Alimentos importados y elaborados a pocos kilómetros de nuestras casas. Fábricas, comercios, restaurantes, instituciones educativas, hospitales, comedores y cocinas familiares.
Lo que hay en común es que quienes consumimos esos alimentos no podemos comprobar por nuestros propios medios si son seguros.
Confiamos en una etiqueta. En una habilitación. En un análisis que nunca vamos a ver. En una inspección que probablemente nunca sepamos que ocurrió.
Confiamos, en definitiva, en que alguien hizo antes el trabajo que nosotros no podemos hacer.
Por eso una reforma de este tipo puede parecer lejana, hecha de decretos y nombres de organismos. Pero en el fondo habla de algo bastante cotidiano.
De la comida que compramos.
De lo que les damos de comer a nuestros hijos.
De lo que se prepara en una escuela.
De lo que entra a un almacén, a un restaurante o a nuestra propia cocina.
El Gobierno nacional plantea que el nuevo esquema permitirá reducir trámites, evitar controles duplicados y hacer más eficiente el sistema.
La discusión recién empieza.
Será cuestión de seguir cómo se realizan las inspecciones, cómo se comparte la información, qué recursos tienen los organismos responsables y qué capacidad existe para responder cuando aparece un riesgo.
El control puede parecer burocracia cuando funciona. Cuando falta, advertimos cuánto necesitábamos que estuviera ahí.
El licenciado en Nutrición Leandro Iribarne reflexiona sobre los cambios en el sistema de control de alimentos en la Argentina y plantea una pregunta que atraviesa nuestra vida cotidiana: ¿quién controla lo que comemos?
Carlos Bernardo González Pecotche, una vida dedicada a la búsqueda del bienestar de las personas