En la madrugada del 2 de septiembre de 1842, el cura párroco Pedro Rodríguez fue brutalmente asesinado en la sacristía del antiguo templo de la Guardia del Monte. El expediente judicial reconstruye un crimen atravesado por violencia extrema, silencios cómplices y un castigo ejemplar que terminó con fusilamientos y cabezas en picas por orden de Juan Manuel de Rosas.
La madrugada del 2 de septiembre de 1842 quebró para siempre la calma en los pagos montenses. Cuando aún no clareaba, el cuerpo del cura párroco interino Pedro Rodríguez fue hallado sin vida en la sacristía del antiguo templo de la Divina Pastora, donde hoy se levanta el patio de la Escuela N° 16. El parte inicial fue escueto, casi administrativo: se informaba que el sacerdote había sido asesinado “por individuos que no se conocen” y que se intentaba descubrir a los responsables. Pero lo que el expediente revelaría después era otra cosa: un crimen feroz, cargado de violencia ritual, cometido en un pueblo que se preciaba de su fidelidad federal.
Pedro Rodríguez ejercía el curato desde julio de 1839. Su llegada había quedado registrada en el Libro de Bautismos con una fórmula que no dejaba lugar a dudas sobre su alineamiento político: “¡Viva la Federación! Monte, diciembre 1° de 1839. Año 30 de la libertad, 24 de la independencia y de la Confederación Argentina”. El cura no era un actor neutro en la frontera: era considerado un “entusiasta rosista”, un sacerdote que entendía su misión pastoral como parte del orden federal que Juan Manuel de Rosas buscaba consolidar en la campaña bonaerense .
Según las actuaciones, Rodríguez había recibido visitas esa misma noche. Una mujer declaró que permaneció con él en el cuarto del cura hasta “las nueve y cuarto largas”, momento en que se retiró acompañada por el sacerdote hasta la puerta del campanario. Después, silencio. Nadie oyó gritos. Nadie escuchó pelea. Nadie vio entrar ni salir a nadie. Recién al amanecer se descubrió el cuerpo, tendido boca abajo en la sacristía, en un charco de sangre que no dejaba dudas sobre la saña del ataque.
El examen del cadáver fue contundente. El cura presentaba una “herida de degüello que le cercenaba casi totalmente el cuello”, además de un profundo corte “desde la comisura de los labios hasta el pabellón de la oreja derecha”, una lesión sobre la ceja y una estocada que atravesaba la tetilla izquierda. Los peritos observaron un detalle revelador: tenía “casi desprendido el dedo pulgar e índice de la mano derecha”, señal inequívoca de que había intentado sujetar el arma blanca para defenderse. No fue una muerte rápida. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, desigual y desesperada.
Desde el primer momento circuló una sospecha persistente: el móvil no había sido únicamente político. En la parroquia se custodiaban fondos de capellanías y onzas de oro, dinero que el cura administraba y que despertaba codicias. Algunos testigos mencionaron que, tras el asesinato, faltaban papeles y dinero. Una mujer declaró que había escuchado decir que bajo la cama de uno de los sospechosos se ocultaban “calzoncillos sucios con sangre” y que en esa casa “habían llevado mucho dinero, papeles y cobre” luego del crimen .
La investigación avanzó en un clima espeso. Los testimonios se parecían entre sí por lo que no decían. “Nada sabía ni maliciaba ni había oído decir”, repitieron varios declarantes. Incluso un testigo norteamericano, de religión protestante, prometió decir verdad “y sin embargo” aseguró ignorar absolutamente todo lo relacionado con el asesinato. El pueblo parecía haber decidido callar .
Uno de los momentos más inquietantes del expediente aparece cuando se incorporan dichos de niños. Una testigo relató que unas criaturas de la escuela comentaban que sabían quién había matado al cura, que señalaban a un hombre del pueblo y que decían que esa noche “había llevado mucho dinero a su casa”. Los adultos, en cambio, negaban sistemáticamente cualquier conocimiento. La verdad parecía circular en voz baja, fragmentada, como un rumor que nadie se animaba a firmar con nombre y apellido.
Con el correr de los días, la causa fue cerrándose sobre un grupo de hombres: Ezequiel Patrón, Eustaquio Canaveris, Pedro Suárez, José Galván, Esteban Almirón, Saturnino Fial y Víctor Lozano. Todos se declararon federales. Algunos exhibieron documentos que acreditaban servicios a la Confederación. Uno de ellos afirmó que había sido injustamente clasificado como unitario y que el propio Rosas había ordenado restituirle sus despachos “como federal neto”. Ninguno admitió participación. Ninguno aportó datos decisivos. Pero el expediente ya no buscaba certezas: buscaba cierre.
El caso no quedó en manos ordinarias. Rosas intervino personalmente y no derivó la causa al juez Torres. El asesinato de un cura “muy federal” en un pueblo leal era leído como un ataque al orden político y religioso. La respuesta debía ser ejemplar. El 19 de diciembre de 1842, el edecán de Rosas comunicó el decreto final: “Visto el presente sumario, y resultando comprobado que los autores ejecutores y cómplices del horrendo y feroz asesinato cometido en la persona del cura… se condenan a los siete a sufrir la pena de muerte en la plaza pública de la Guardia del Monte”. La sentencia ordenaba además que, después de la ejecución, “sus manos y cabezas” fueran colgadas y permanecieran expuestas durante cuarenta y ocho horas .
La ejecución se llevó a cabo sin dilaciones. Los reos fueron fusilados en la plaza pública. Luego, el escarmiento: cabezas y manos en palos, a la vista de todos. No se trataba solo de castigar un crimen, sino de enviar un mensaje. En la frontera bonaerense, la violencia no era un exceso: era un lenguaje.
Los cuerpos de los ejecutados no figuran en los libros de entierros. Según el derecho canónico vigente, los asesinos no podían ser sepultados en sagrado si morían sin señales de arrepentimiento. La exclusión continuaba incluso después de la muerte .
El antiguo templo quedó marcado por lo ocurrido. Se habló de su “mala estrella” y fue abandonado con el tiempo. Recién en 1869, cuando se inauguró la nueva parroquia, los restos del cura Rodríguez fueron trasladados y sepultados “al pie del altar mayor”. Allí descansan todavía, en una urna que guarda el recuerdo de una madrugada de degüellos, silencios y castigos ejemplares.
Casi dos siglos después, el expediente sigue hablando. No grita. Susurra. Y lo que dice no es cómodo: en la frontera, la fe, el poder y la violencia caminaron juntos, y cuando uno fue atacado, los otros respondieron con hierro y sangre.
En la madrugada del 2 de septiembre de 1842, el cura párroco Pedro Rodríguez fue brutalmente asesinado en la sacristía del antiguo templo de la Guardia del Monte. El expediente judicial reconstruye un crimen atravesado por violencia extrema, silencios cómplices y un castigo ejemplar que terminó con fusilamientos y cabezas en picas por orden de Juan Manuel de Rosas.
Un chico mira desde afuera de un alambrado y sueña con entrar. Años después, Joaquín Oliva vuelve a ese mismo potrero, ya no como espectador sino como quien abre la puerta: una crónica de Leandro Iribarne sobre el fútbol barrial como refugio, escuela de valores y forma silenciosa de cambiar destinos.