Gerardo Mazzochi 2026-04-24T18:52:00.000ZUn retroceso a la libertad de prensa que rompe los límites democráticos
En una contundente denuncia sobre el estado de la libertad de expresión en el país, el periodista Gerardo Mazzochi analiza la reciente decisión del Gobierno nacional de prohibir el ingreso a los cronistas acreditados en la Casa Rosada. Bajo el pretexto de una "depuración" por motivos de inteligencia, Mazzochi advierte que el vaciamiento de la histórica Sala de Periodistas constituye un atentado directo al sistema democrático que supera, incluso, los antecedentes de la última dictadura militar.
La decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso a la totalidad de los
periodistas acreditados en la Casa Rosada no es solo una medida de seguridad; es
un atentado directo al corazón del sistema democrático. Bajo el pretexto de una
supuesta "depuración" por razones de inteligencia, el Poder Ejecutivo ha decidido que la mirada de la prensa es una amenaza que debe ser eliminada del mapa físico del poder.
Lo que hoy vemos es una escalada de autoritarismo que desborda cualquier
justificación razonable. Al vaciar la histórica Sala de Periodistas y deshabilitar los
accesos de quienes han cubierto la gestión pública durante décadas, el Gobierno cruza una línea que debería haber permanecido infranqueable.
La gravedad del hecho adquiere una dimensión histórica escalofriante: ni siquiera la dictadura cívico-militar se atrevió a tanto. Aun en los años más oscuros de nuestra historia, donde la censura y la persecución eran política de Estado, la Sala de Periodistas de la Casa Rosada permaneció como un rastro mínimo de institucionalidad que el actual gobierno ha decidido borrar de un plumazo. Que una administración elegida por el voto popular ejecute una medida de exclusión que supera los antecedentes de los períodos de facto, habla de una degradación institucional sin precedentes.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de
Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudiaron esta decisión del gobierno. Las
organizaciones sindicales denunciaron que esta medida no solo vulnera la libertad de expresión, sino que constituye un ataque al derecho al trabajo y vulnera el estatuto de prensa. Al prohibir el ingreso de los cronistas a su lugar habitual de tareas, el Gobierno está ejerciendo un lock-out informativo que precariza la labor periodística y deja a los trabajadores en una situación de indefensión ante la arbitrariedad del poder.
Desde el punto de vista jurídico, esta medida ignora principios fundamentales:
● Violación de la Censura Previa: La Constitución Nacional prohíbe cualquier
mecanismo que coarte la libertad de difundir información.
● Restricción del Acceso a la Información: Se vulnera el derecho al acceso a la
información pública, transformando la sede del Ejecutivo en un búnker
privado.
● Arbitrariedad Gremial: Se impide el ejercicio profesional en el ámbito público,
un precedente peligroso para cualquier trabajador de prensa en el país.
Organismos como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y el Foro de Periodismo Argentino se han unido al reclamo gremial, advirtiendo que el uso de la sospecha de "espionaje" para amordazar a la prensa es una táctica burda que busca la impunidad informativa.
El silencio que hoy se impone en los pasillos de Balcarce 50 es el eco de una
gestión que le teme a la verdad. Cerrar las puertas a la prensa es, en última
instancia, cerrarle la cara al pueblo. Si el Gobierno no revierte este atropello de
inmediato, quedará registrado como la gestión que, en nombre de la seguridad,
terminó por sitiar la libertad.
Foto de Favian Marelli.
